Presenta amparo para evitar su detención por que teme contagiarse de Covid-19, MARIO MARÍN…

Ryan Getse Castillo

Por tener más de 60 años y ser considerado dentro de la población vulnerable de contagiarse de Covid-19, el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, solicitó un amparo para que se suspenda la orden de aprehensión en su contra por el delito de tortura cometido contra la periodista Lydia Cacho por el cual se mantiene prófugo desde hace un año.

La periodista informó a través de su cuenta de Twitter que el amparo fue solicitado ante el magistrado Oscar Rodríguez Álvarez del Segundo Tribunal Unitario de Circuito de Cancún, Quintana Roo. el documento se solicitó apenas esta semana.

Cacho en su cuenta de Twitter subrayó que el ex mandatario está “soltando dinero en los tribunales” por lo que estará pendiente dela resolución del magistrado Óscar Rodríguez para exhibir cualquier caso de corrupción.

el pasado 11 de abril cumplió un año de ser liberada la orden de aprehensión en su contra por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres; el ex jefe de la Policía Judicia, Adolfo Karam Beltrán y el empresario Kamel Nacif Borge.

Desde abril del 2019 se mantienen prófugos de la justicia los dos ex funcionarios y el empresario y desde entonces la Interpol integró sus fichas como sujetos de búsqueda y el gobierno federal congeló las cuentas del ex mandatario a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La magistrada federal María Elena Suárez Préstamo giró la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla Mario Marín Torres; el empresario Kamel Nacif Borge; el jefe de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán; y Juan Sánchez, ex titular de mandamientos judiciales por el probable delito de tortura cometido en agravio de la periodista Lydia Cacho, en diciembre del 2006.

Desde que se encuentra prófugo, esta es la segunda ocasión que Mario Marín busca el amparo de las autoridades federales, sin embargo no ha logrado. El primero no eliminó la acción de búsqueda y detención por tortura, delito considerado grave.

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