Consejo Universitario de la BUAP aprobó reforma con encuestas aplicadas sólo al 44.7% del padrón de estudiantes.
Rectora de la BUAP interrumpe formación académica a estudiantes críticos de la reforma de ley de a BUAP aún sin consenso estudiantil.
Por Jaime López
A poco más de un mes de que se aprobó la nueva Ley Orgánica de la BUAP, la institución pública más representativa de Puebla, los estudiantes que abiertamente manifestaron su rechazo a dicha normativa fueron dados de baja de sus carreras.
Mediante un video difundido en redes sociales, Andrea Ortiz, de la Facultad de Ingeniería Química, y Rafael Hernández Ángeles, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, revelaron que ya no se les permitió continuar con su formación académica. Ambos integran el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública en la BUAP, cuya finalidad es dar a conocer las irregularidades o anomalías que acontecen al interior de la institución.
“Ambos hemos sido notificados de nuestra baja de la institución; hace meses que distintos compañeros han sido criminalizados, hostigados e intimidados en aras de dejar de organizarse”, expresa Andrea en el video. “Queremos hacer un llamado a las personas que pudieran encontrase en nuestra misma situación y contactarse con nosotros para poder organizarnos y hacer valer nuestro derecho de una educacion pública y de calidad”, manifestó Rafael.
Es oportuno mencionar que, desde principios de junio pasado, los miembros del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública acusaron que la nueva Ley Orgánica de la BUAP no fue avalada por la mayoría del cuerpo estudiantil. Lo anterior bajo el argumento de que la consulta se realizó en tiempo de evaluaciones y durante un fin de semana, lo que impidió que participara, al menos, el 50 por ciento del alumnado.
Con base en datos oficiales de la propia BUAP, emitidos a finales de mayo, la encuesta relacionada con las modificaciones a la Ley Orgánica fue aplicada al 44.7 por ciento del padrón de estudiantes, así como de docentes y administrativos. Ello significa que 6 de cada 10 alumnas o alumnos no se enteraron o no estuvieron interesados en leer el documento diseñado por la máxima casa de estudios de Puebla.
A pesar de lo anterior, el Consejo Universitario de la BUAP, que es la máxima autoridad de la institución, dio luz verde a la reforma para enviarla al Congreso del Estado, en donde se aprobó por mayoría de votos el pasado 8 de junio.
Desde antes de esa fecha, los integrantes del frente han realizado asambleas informativas para exponer el caso. Igualmente, se han acercado con políticos locales y federales para pedir su respaldo. Dentro del segundo grupo, se encuentra Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia del PT, que escuchó a los jóvenes en su visita a Puebla hace algunas semanas. De acuerdo con la versión de ellos, la reforma a la Ley Orgánica de la BUAP no fue leída por varios de los diputados poblanos, sugiriendo que solo la aprobaron por “consigna”, es decir, sin tener real conocimiento de la misma.
Por otro lado, en una entrevista concedida a este reportero, manifestaron que la institución poco a poco ha ido privatizando sus servicios, pues espacios como la alberca o el gimnasio sólo pueden ser ocupados a cambio de una cuota de 15 y 20 pesos diarios, respectivamente. Asimismo, condenaron que la rectora de la BUAP, la maestra Lilia Cedillo Ramírez, haya anunciado con “bombo y platillo” la construcción de un nuevo campus en sinergia con el gobierno estatal, pero no atienda las carencias básicas que tienen distintas unidades académicas, entre éstas, falta de papel y agua en los sanitarios.
Añadieron que la académica también impide que estudiantes vendan artículos o comida para sustentar sus gastos, pero sí autoriza la instalación y operación de empresas privadas como Italian Coffee o Perro Café. Cabe agregar que en uno de los párrafos de la nueva Ley Orgánica de la BUAP se establece que la universidad tiene las facultades para determinar “los derechos, tasas, tarifas, participaciones y cuotas por los servicios que preste”. Lo anterior significa que no respeta lo expresado en la Constitución mexicana y su artículo tercero, consistente en garantizar que la educación impartida por el Estado sea gratuita.
En su momento, la BUAP destacó que las nuevas reformas a su normativa están a la par de la progresividad de los derechos humanos y la perspectiva de género. Del mismo modo, fuentes hemerográficas resaltan la eliminación de la edad máxima para contender por la rectoría, la cual era de 65 años, alegando que esto frenaba las aspiraciones de investigadores con una amplia trayectoria.