El gobierno de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, continúa la cancelación de notarías entregadas de manera irregular a excolaboradores de Rafael Moreno Valle. En esta ocasión, fueron revocadas las patentes a Patricia Leal y Manuel Pozos,
El pasado 14 de agosto, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), el anuncio de la cancelación de las notarías 7 de San Andrés Cholula y 2 de Libres.
En una parte de los documentos se puede observar que se ejecutó la formación de inventarios, así como la destrucción de sellos oficiales,
Las patentes que ya fueron revocadas de forma oficial son las de la notaría pública número 6 del distrito Judicial de Cholula que estaba a cargo de Alejandra Maupomé Cagigal, quien es esposa del ex secretario de Finanzas y hoy senador, Roberto Moya Clemente.
Otro caso es la de notaría pública número 10, del distrito judicial de Tehuacán, expedida a nombre de Alejandro Julián Rosas Moro.
Lo mismo ocurre con la notaría pública número 12, del distrito judicial de Tehuacán, a nombre de Flor de Naranjo Tirado Alejo. Aunque de acuerdo con el gobierno del estado, la fedataria en realidad era operada por ex diputado local por Nueva Alianza, Cupertino Alejo Domínguez.
La patente de la notaría pública número dos de Tepexi, expedida a nombre de Gabriela Montoya del Río, también fue revocada. Según la administración estatal, la oficina en realidad estaba a cargo de Aurelio Hoyos Flores.
La administración estatal también anuló la patente de la notaría pública número cinco del distrito judicial de Tepeaca, expedida a nombre de María Dolores Martínez Barradas, así como la de la notaría número 8 del mismo municipio, que estaba a cargo de Beatriz del Rosario Triana González pero que según el gobierno del estado era operada por el exdiputado Mario Rincón González.
Otro caso es el Yesenia Bonilla Pérez que era titular de la notaría pública número 2 de Tetela, aunque el gobierno del estado acusó que era operada por Noé Ronquillo Cuevas.
Así como la notaría pública número cuatro de Tecamachalco que fue entregada a Juan Carlos Tapia Santander pero que presuntamente estaba a cargo de la ex diputada federal Lilia Arminda García Escobar.
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