La familia Jenkins denunció oficialmente al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, de calumnia por la elaboración de pruebas y órdenes de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez, dos ex vicerrectores, un ex directivo y dos abogados, en el caso UDLAP.
La Fundación Mary Street Jenkins lanzó un comunicado, donde expone persecución política en su contra y colusión de jueces con despachos para obtener beneficios a favor en el caso de los bienes que involucran a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
“Se trata de una persecución política estructurada por el gobernador Miguel Barbosa, quien tiene al alcance la fabricación de órdenes de aprehensión con el aparato que está a su disposición desde el Gobierno de Puebla”.
“En las últimas horas se ha establecido un reiterado mecanismo de presión para desviar la atención sobre el tema de fondo: la evasión al cumplimiento de la suspensión que ordena la devolución del campus de la UDLAP, propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins, para apropiarse ilícitamente del patrimonio privado”, enuncia el comunicado.
El 18 de agosto se dio a conocer que un juez giró orden de aprehensión en contra de Derbez Bautista, ex secretario de Relaciones de Vicente Fox, así como en contra de Mónica Ruíz Huerta Puebla, ex vicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, ex vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; Jesús Salvador Mijangos, ex director general de Asuntos Jurídicos; así como en contra de los abogados de la familia Jenkins Landa, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.
Además, informaron que presentarán una queja contra los jueces 20 y 60 de la Ciudad de México ante el Consejo de la Judicatura para que se investigue su proceder, vínculos y complicidades.