Recientemente circuló en redes sociales del estado de Puebla, un video donde se denunciaba un presunto “levantón” en las inmediaciones de San Andrés Cholula, que más bien fue la detención del arquitecto y empresario Favián Enrique García Villegas.
García Villegas es empresario del Grupo Alquitara y dueño de Comercializadora Paseo del Río S.A. de C.V., quien durante las administraciones del ex presidente municipal José Juan Espinosa Torres (San Pedro Cholula) y la de Felipe Patjane (Tehuacán), actualmente preso, se vio beneficiado con contratos por 3.4 millones de pesos por parte de Espinosa Torres, los cuales incluyeron la remodelación del Palacio Municipal y acciones de bacheo.
Por parte de Patjane, obtuvo 12 contratos por un total de 27 millones de pesos: la mitad en su empresa oficial y la otra mitad, a la Comercializadora Industrial de los Ángeles S.A. de C.V., que opera a través de prestanombres.
Con todo, hasta el momento la FGE no ha hecho públicos los cargos por los que se llevó a cabo esta aprehensión, aunque se especula sobre posibles nexos de fraudes y corrupción, así como despojo de sus terrenos y viviendas a diversas familias, mismos que vendrían desde las administraciones del exgobernador Mario Marín.
Asimismo, se sabe que ya el año pasado, Montiel García hizo pública una carta abierta, donde exigía que no quedara en la impunidad el atentado del que fue víctima en 2017, donde el Cártel Inmobiliario atentó contra su vida debido a que ansiaban un predio.
Mauricio Romano Torres, excomandante de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), fue señalado como corresponsable del siniestro, pues supuestamente habría sido orquestado por los hermanos Rafael y Gabriel Posada Cueto.
De acuerdo con la carta pública que trascendió entonces, los otros funcionarios que serían integrantes de este Cártel son Mauricio Romano Torres, excomandante de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem); Víctor Manuel Cortés Padilla, notario auxiliar de la Notaría Pública 29 de Puebla; Susana Romero de Martino, notaria de la Notaría Pública 2 de Tecamachalco; Silvia Hernández Aguilar, responsable de la Notaría Pública 1 de Huejotzingo; e Ismael Velázquez González, exabogado suyo, que se prestó al despojo.