Los contratos que el Gobierno del estado y varios municipios de Puebla le adjudicaron directamente a la empresa Multisistema de Noticias Cambio, propiedad de Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, violan la ley estatal de adquisiciones, señalan expertos consultados por Latinus.
Darío Ángeles, investigador de Impunidad Cero, indicó que el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal de Puebla impide a los gobiernos celebrar contratos con las personas “que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte”.
En términos de legislación sobre responsabilidades administrativas, explicó, un diputado es un servidor público, así que técnicamente se le aplicaría la imposibilidad de ser contratado por instituciones públicas.
“El diputado no tiene impedido ser socio de una empresa, pero debe estar declarado el conflicto (de intereses), sobre todo para evitar violaciones a la Ley de Adquisiciones. No tiene prohibido tener empresas, pero sí impedimentos para ser proveedor de gobiernos”, destacó Ángeles, especialista en derecho administrativo.
El jueves pasado en el Capítulo 57 de Loret, se reveló que entre 2018 y 2021, mientras Mier Velazco era diputado federal, su empresa Multisistema de Noticias Cambio recibió adjudicaciones directas del gobierno de Puebla, encabezado por el morenista Miguel Barbosa, y de municipios con alcaldes de Morena.
Marco Fernández, coordinador de temas anticorrupción de México Evalúa, indicó que es obligación de las instituciones públicas revisar quiénes son los socios de las empresas antes de otorgar contratos para que no haya tráfico de influencias o conflicto de interés.
“Ha quedado al descubierto el cinismo con el que actúan los funcionarios y ese es un problema. Este es un medio de comunicación (Diario Cambio) utilizado con una agenda política, financiado con dinero público y disfrazado de publicidad”, precisó Fernández.
El especialista agregó que los contratos públicos a empresas de funcionarios seguirán mientras no existan mecanismos adecuados para la presentación de las declaraciones de intereses, información que no sólo debe ser pública, sino verificada y supervisada por contralorías u órganos internos de control.
Con información de latinus.us