Integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LX Legislatura del Congreso del Estado aprobaron por mayoría sanciones hasta por seis años de prisión para quienes operen de manera irregular y sin autorización camiones, microbuses, taxis y todas las unidades relacionadas con el transporte público en la entidad poblana.
La diputada María del Carmen Cabrera Camacho, presidenta de este órgano colegiado señaló que la Iniciativa con Minuta de Decreto enviada por el titular del Ejecutivo, tienen por objetivo el combate a la corrupción y la piratería en el transporte público de pasajeros, mercantil y de arrastre, para garantizar la seguridad de los pasajeros y usuarios de este servicio.
La iniciativa propone reformas al texto del artículo 190 Bis del Código Penal del Estado de Puebla, referente a los delitos contra los medios del transporte y ataques generales a las vías de comunicación.
Lo anterior, a efecto de considerar una penalidad mayor a la actualmente establecida, considerando que, además de estos actos ilícitos que dañan el patrimonio de las víctimas, también se vinculan con otros delitos como violaciones, lesiones y homicidios.
En los trabajos de análisis y dictaminación, la diputada Mónica Lara Chávez, señaló que la reforma dará certidumbre y garantiza la seguridad de los usuarios, al evitar que circulen unidades irregulares y conductores cómplices de la delincuencia.
De la misma forma, la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo argumentó que la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo propone actualizar el marco legal en materia de seguridad y transporte en beneficio de los poblanos.
En tanto que el diputado Marcelo García Almaguer explicó que la violencia en Puebla ha rebasado a las autoridades, esto hace necesario que la sociedad cierre filas para recuperar la paz y terminar con el crecimiento de la percepción en materia de inseguridad.
Para la diputada Rocío García Olmedo no es con un incremento en las sanciones o modificaciones de la Ley como se va a terminar la comisión de delitos y consideró que cancelar una licencia o retirar la tarjeta de circulación no es suficiente para inhibir a los concesionarios del transporte para que dejen de operar unidades sin permiso o terminar con la corrupción.
Por su parte, la diputada Tonantzin Fernández Díaz tras sumarse a la propuesta dijo que estas acciones van a terminar con la violencia y los abusos en el transporte.
La propuesta fue dictaminada y aprobada por mayoría por las y los integrantes de la Comisión, siendo turnada al Pleno de la LX Legislatura para su aprobación definitiva.