27 de mayo 2025
Atempan, Puebla. – A solo seis meses de asumir el cargo, la administración municipal encabezada por Fausto Moreno Salazar se encuentra en el ojo del huracán. Graves señalamientos por un presunto desfalco millonario, una red de nepotismo que alcanzaría a varios funcionarios clave, y ahora, nuevas y perturbadoras acusaciones que involucran a altos mandos en supuestas relaciones ilícitas y presuntos nexos con actividades criminales, han desatado una ola de indignación y decepción entre los ciudadanos que apostaron por un cambio.
La promesa de un “gobierno incluyente y humanitario” parece desvanecerse ante la contundencia de las acusaciones.
Desvío de Fondos Públicos y Funcionarios en la Mira
Las alarmas se encendieron tras la denuncia de un presunto desvío de 1.5 millones de pesos, recursos que originalmente estaban destinados a programas de subsidio para beneficiarios locales. Esta situación no solo ha provocado significativos retrasos en la entrega de los apoyos sociales, sino que ha sembrado un profundo malestar en la comunidad.
En el centro de la controversia se encuentran tres figuras prominentes de la actual administración: Manuel Ildefonso García, Tesorero Municipal; Javier Viveros León, Contralor Municipal; y Daniela Jiménez Pliego, Directora de Bienestar Social. Fuentes internas sugieren que estos funcionarios habrían operado en conjunto para sustraer los fondos. La incógnita que resuena entre la población es si el alcalde Moreno Salazar tenía conocimiento de estas presuntas irregularidades o, incluso, si fue el artífice detrás de ellas. La exigencia ciudadana es clara: una investigación exhaustiva y la destitución inmediata de los implicados.
Nepotismo: Un Mal que Carcome la Confianza Ciudadana
Paralelamente al presunto desfalco, la administración de Moreno Salazar es duramente criticada por lo que se describe como un “nepotismo al descaro”. En lugar de enfocarse en el cumplimiento de las promesas de campaña, como la realización de obra pública y la mejora de los servicios básicos, la prioridad parecería ser la colocación de familiares y allegados en puestos clave del ayuntamiento.
El “bajo desempeño de trabajo en obra” es una queja recurrente. En seis meses, los logros tangibles se limitarían a faenas comunitarias y el banderazo de un camino rural, una situación que contrasta con las expectativas generadas. La aparente falta de gestión y capacidad administrativa ya habría provocado, según informes, dos renuncias significativas en las direcciones de Obras y Comunicación Social.
Los casos de presunto nepotismo son numerosos y detallados por los denunciantes:
- Lic. Jacinta Hernández (Regidora de Gobernación): Su hija, Karla Viveros, funge como su asistente personal, mientras que su hijo, Jesús Viveros, ocupa un puesto en el área jurídica del DIF.
- María Del Carmen Hernández (Regidora de Obras y Ecología): Su pareja sentimental, Federico Ramos, figura como encargado de correos, y su hermana, Cirila Hernández, dirige la instancia de la mujer. Ambos percibirían un sueldo de $5,000 quincenales.
- Emilio López (Regidor de Industria y Comercio): Su hija, Guadalupe López, se desempeña como asistente del Contralor Javier Viveros León, quien a su vez enfrenta acusaciones adicionales.
- Javier Viveros León (Contralor Municipal): Además de su presunta participación en el desfalco, se le señala por supuestamente no contar con el permiso requerido como maestro de Telesecundaria y por mantener en una “nómina fantasma” a sus dos hijos, Javier y Miguel Viveros Lara.
- Liliana Ramos Díaz (Regidora de Salud): Su esposo, Israel de la Luz, es su asistente personal, y su cuñada, Georgina de la Luz, trabaja como auxiliar en el archivo municipal.
- Manuel Ildefonso García (Tesorero Municipal): Su esposa, la Lic. Rubicel, está a cargo del área jurídica del DIF municipal.
Los sueldos de regidores, contralor y tesorero ascenderían a $8,500 quincenales, tras un reciente incremento de $1,500. Sus asistentes, muchos de ellos familiares, ganarían entre $3,500 y $5,000. La síndico Marbella Cruz Olivares no escapa a los señalamientos, pues habría colocado a su prima hermana, Karla Ivonne Cruz Sánchez, como auxiliar en la dirección de educación, además de ser acusada de prepotencia y abuso de autoridad. La frase “Todo queda en familia” se ha convertido en un amargo estribillo entre los atempanenses.
Nuevas y Graves Acusaciones Involucran al Contralor y a la Jefa de Seguridad Pública
A las ya preocupantes denuncias de desfalco y nepotismo, se suman ahora señalamientos de índole personal y criminal que salpican aún más la gestión de Moreno Salazar. Según información que ha trascendido, el Contralor municipal, Javier Viveros León, mantendría una relación sentimental con Beatriz Adriana Guevara Barrientos, actual encargada de la Seguridad Pública del municipio de Atempan.
Guevara Barrientos, conocida en algunos círculos como “la policía influencer”, no sería ajena a este tipo de controversias. Se alega que anteriormente estuvo vinculada sentimentalmente con el presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, relación durante la cual también habría disfrutado de lujos presuntamente financiados con el erario público.
Fuentes anónimas y “secretos a voces” dentro del municipio sugieren que la llegada de Beatriz Guevara a Atempan, supuestamente por invitación directa del alcalde Fausto Moreno, tendría como uno de sus objetivos encubiertos el manejo del narcomenudeo local. Estas mismas fuentes apuntan a que Miguel Viveros Lara, hijo del Contralor Javier Viveros León, sería quien actualmente lidera estas actividades ilícitas en Atempan. Se comenta que Viveros Lara es un joven con escaso éxito académico y deportivo, habiendo fracasado en su intento de formar parte de las fuerzas básicas del Club Pachuca.
Estas nuevas acusaciones añaden una capa de extrema gravedad a la crisis que enfrenta el ayuntamiento, tocando fibras sensibles como la seguridad pública y la posible infiltración del crimen organizado.
Un Cambio Traicionado y el Clamor por Transparencia y Justicia
La desilusión es palpable entre los ciudadanos de Atempan, quienes el pasado 2 de junio votaron con la esperanza de erradicar viejas prácticas y cacicazgos. Hoy, se enfrentan a un panorama que consideran una traición a su confianza, con una administración asediada por escándalos de corrupción, nepotismo y ahora, por presuntos vínculos con actividades delictivas.
Las preguntas que flotan en el aire son incisivas: ¿Es este el cambio prometido? ¿Cuándo se materializarán las obras y los resultados en beneficio de la comunidad? ¿O está la administración más preocupada por consolidar una red de intereses familiares, personales y posiblemente criminales?
La situación en Atempan exige una respuesta contundente e inmediata por parte de las autoridades estatales y federales competentes, así como una apuesta real por la transparencia y la rendición de cuentas. La confianza ciudadana, una vez perdida, es difícil de recuperar, y la sombra de la impunidad no debe planear sobre estas graves denuncias.
Se le pide de la manera mas atenta al gobernador Alejandro Armenta Mier, que se haga cumplir los principios de morena que es no mentir no robar y no traicionar.
Y separe a los involucrados y los ponga a disposición, la ciudadanía esta harta.