El Consejo de Participación Ciudadana de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros del Municipio de Puebla (CCDDHH Puebla) exhortó a las autoridades competentes a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos a la libertad de expresión, reunión y asociación.
Así como los derechos a la libre manifestación y a la protesta social, de cara a las diversas movilizaciones ciudadanas convocadas para este 8 de marzo en el marco del Día Internacional de las Mujeres.
Consideramos necesario recalcar que la garantía a la protesta social es un elemento indispensable dentro de una sociedad democrática, toda vez que permite que las voces de grupos sociales, principalmente en situación de vulnerabilidad, tengan mayor resonancia, ante sus demandas de reconocimiento, protección o ejercicio de un derecho, en este caso, el derecho a una vida libre de violencia.
Reiteraron que los estándares emitidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establecen que “es esencial que en todos los niveles y agencias los Estados respeten y garanticen que nadie será criminalizado por ejercer los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación el contexto de manifestaciones y protestas; así como tampoco será objeto de amenazas, hostigamiento, violencia, persecución o represalias por participar en protestas” (CIDH: 2019).
Por lo anterior, exhortamos a las autoridades correspondientes a apegarse a los Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal de la CIDH para respetar los derechos humanos como parte de su responsabilidad estatal.
Asimismo, llamó a los medios de comunicación a evitar la criminalización de la protesta social en la cobertura informativa, principalmente absteniéndose de usar adjetivos estigmatizantes contra las mujeres participantes y colectivas.
Finalmente, invitamos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a acompañar las diferentes manifestaciones para vigilar la garantía de los derechos humanos de las personas participantes y, en su caso, tomar las acciones necesarias ante los hechos que pudieran suscitarse.
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