Han pasado casi dos años del linchamiento de Ricardo N. y Alberto N., sucedio el 29 de agosto de 2018, y al día de hoy familiares de las víctimas reclaman a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, una considerable indemnización por su iresponsabilidad, ya que no realizaron una investigación efectiva para el esclarecimiento de los hechos.
En el escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, mismo que ya fue recibido el 13 de julio por la oficialía de partes de la Fiscalía, la esposa y la madre de las víctimas –que eran tío y sobrino–, exigieron el pago argumentando que la FGE no cumplió los estándares internacionales “al deber de investigar con la debida diligencia la muerte violenta” de los dos hombres a manos de un grupo de pobladores.
Respaldadas por su abogado Víctor Alonso Tadeo Solano, los familiares informaron que el fiscal general Gilberto Higuera Bernal, y el fiscal de Investigación Regional, Jaime Huerta Ramos, tienen la obligación constitucional de acatar las medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en la investigación en violaciones severas a derechos humanos, por lo que los responsabilizaron directamente de violentar su derecho al acceso a la justicia, al no explorar todas las líneas de investigación posibles para determinar la verdad histórica del linchamiento.